La cubana Yoandra Mir Cedeño, residente en Banes, Holguín, fue acusada de "desobediencia y desacato", por compartir en redes sociales publicaciones en las que se denuncian la presunta corrupción de dirigentes de la localidad.
Su tío, el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, contó al medio estadounidense Martí Noticias que Mir Cedeño fue arrestada este domingo con violencia, supuestamente por compartir los posts que publica el usuario Cansador Cansado en la página de Facebook Revolico Banes Obelisco.
En sus publicaciones, el usuario expone fotos de personas a las que identifica como funcionarios del Gobierno de Holguín u oficiales de la Policía de la provincia, a los que acusa de corrupción.
En algunos de los supuestos delitos, "algunos relacionados con la venta de drogas", estarían implicados "oficiales de la policía, incluso el jefe de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria)", explicó Cedeño Negrín a Martí Noticias.
"Como ella replica esas informaciones, ellos vinieron a la casa para dejarle una citación para la estación policial. Pero cuando ella fue a firmar el recibo, la cogieron violentamente, la arrastraron, la metieron en un patrullero y se la llevaron para la unidad; golpearon a mi hermana, su madre, y a mi mamá, su abuela, que tiene 92 años que también fue a tratar de defenderla", contó sobre el arresto de su sobrina. Dos horas después de la detención, la Policía realizó un registro en la casa de Mir Cedeño.
"Se llevaron un teléfono de mi sobrinita que tiene doce años y la laptop de otra de sus hijas que está estudiando en la universidad, dos cámaras fotográficas y alguna otra cosa más", detalló Cedeño Negrín.
Según el periodista, su sobrina había sido advertida por la Policía con anterioridad para que no compartiera "ni le diera like" a las publicaciones de Cansador Cansado.
Un oficial de la estación policial de Banes dijo a Martí Noticias que los delitos de los que está siendo acusada Mir Cedeño están relacionados con que ella "se está manifestando contra las autoridades del Gobierno".
En julio de 2019, entró en vigor en Cuba el Decreto-Ley 370 "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", conocido como Ley Azote.
La norma es utilizada por el Gobierno cubano para castigar a ciudadanos por divulgar en redes sociales información y opiniones que considera inconvenientes.
Establece una serie de contravenciones y sanciones asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) por la tenencia, distribución y comercialización de equipos y software, el hospedaje de sitios web en servidores en el extranjero y la difusión de información a través de redes públicas de transmisión de datos.
Muchos periodistas y activistas cubanos, pero también ciudadanos comunes, han sido sancionados por dichas contravenciones.
Uno de los artículos de la norma más empleados ha sido el 68, inciso i). Según ese artículo, constituye una violación del decreto-ley "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
El Artículo 70 establece multas de 3.000 pesos para los infractores, que ha sido la sanción aplicada en la mayoría de los casos. En ocasiones, se combina con la confiscación del teléfono de la persona, de acuerdo al Artículo 71 del decreto-ley.
Pronto vendra la hora de las Guasimas adornadas con chivas y esbirros de uniforme...